Francisco González Buendía, director en el área de Urbanismo y Medio Ambiente de nuestra empresa, comparte cada semana una serie de reflexiones sobre Ordenación del Territorio, Urbanismo y Medio Ambiente que iremos publicando en esta página. Este es el título de de su segunda reflexión:
II.- SUS DIFICULTADES ACTUALES. EL EL PAPEL DE LO PRIVADO.
En el artículo anterior, primero de los de esta serie de reflexiones que me he propuesto ir elaborando semanalmente aprovechando estos negativos tiempos de ralentizaciones y “desescaladas” que, por el contrario, nos pueden permitir realizar, algunas positivas “escaladas mentales” que puedan ser compartidas, voy a ahondar en las dificultades actuales de estas materias y, si en la publicación de la semana pasada me refería al esencial papel que los gestores públicos han de jugar para hacer comprender a los ciudadanos la importancia y lo que significan los procesos planificadores ejerciendo una buena didáctica.
En esta segunda reflexión, me referiré al no menos importante papel que han de jugar los profesionales expertos en las citadas materias para favorecer los intereses de sus clientes, facilitando, cuando ello sea posible, la gestión pública, teniendo siempre presente, por una parte, que los Poderes Públicos, como señala la Constitución, han de velar por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el Medio Ambiente, y, por otra como señala nuestra vigente legislación urbanística “ la ordenación territorial y la urbanística son funciones públicas no susceptibles de transacción que organizan y definen el uso del territorio y del suelo de acuerdo con el interés general, determinando las facultades y deberes del derecho de propiedad del suelo conforme al destino de éste”.
De ahí el esencial papel de lo público, al que ya nos hemos referido, lo cual, como veremos, no ha de restar importancia alguna a ese importante papel, que los profesionales privados hemos de jugar para, insisto, siempre que sea posible, poder conjugar ambos intereses, realizando una labor de “convencimiento” para que los administradores de lo público, en los casos concretos que podamos plantear, puedan tener claro que los intereses generales que han de defender no resultan conculcados con nuestros planteamientos particulares. Pues bien, creo sinceramente que hay pocas materias en las que el dialogo sea tan importante como en estas.
Volviendo al análisis de las dificultades, una de las reflexiones que me hago es que, desde hace tiempo, y por muchas y variadas circunstancias, se ha perdido el norte de lo que debería ser el objetivo prioritario y fundamental de estas materias: la racionalidad y la coordinación entre territorios, el adecuado diseño de nuestros pueblo y ciudades, esa necesaria visión global sobre sus desarrollos y distribución de usos, la adopción de medidas adecuadas para que los recursos naturales no se agoten. Es decir, los objetivos y fines fundamentales que deben presidir estas materias; pero, muy al contrario, lo que sucede es que los árboles de lo técnico no nos dejan, a menudo, ver el bosque de lo realmente importante, el territorio que queremos habitar y conservar para futuras generaciones.
En efecto, los profesionales y gestores que estamos relacionados con el tema, con demasiada frecuencia nos perdemos en esos árboles técnicos a los que antes me refería utilizando complejos lenguajes y términos urbanísticos sólo accesibles para nuestros entornos y absolutamente inaccesibles para el ciudadano, que ha de ser el verdadero actor y protagonista y el que ha de beneficiarse o sufrir las decisiones que se adopten. Tal parece que existe un interés profesional en complejizar la materia para que las soluciones a los problemas que puedan existir únicamente puedan ser aportadas por unos pocos especialistas.
Pero lo que es más grave aún, la tan preconizada y necesaria transparencia que debe presidir los procedimientos relacionados con estas materias se ve empañada y dificultada por las mismas leyes que las regulan. Pocos cuerpos legislativas habrá que precisen de tan amplios articulados dedicados a realizar las definiciones de los términos que contienen los mismos. Si a ello añadimos otro tipo de lenguajes que el legislador central o el autonómico deben utilizar para que no se consideren invadidas las competencias constitucionales de unos y otros, el coctel de la confusión está servido.
En definitiva, pienso que los profesionales del ramo debemos también ejercer una adecuada didáctica para que nuestros clientes entiendan que estamos actuando en unos campos muy complejos donde es posible que, ante una colisión, los intereses personales van a decaer frente los generales. De ahí que, más que en ningún otro campo, el asesoramiento profesional ha de ser absolutamente honesto y realista.