El pasado 8 de junio de 2017, se ha publicado la Sentencia del Tribunal Constitucional que anula la Declaración Tributaria Especial ( amnistía Fiscal) que se aplicó en el año 2012. Uno de los principales alcances de la Sentencia , a nivel práctico, es que no serán revisables las situaciones jurídico- tributaria firmes.
No obstante, esta sentencia declara inconstitucional y nula el Real–Decreto Ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público. Considera el Tribunal que la norma “ha afectado a la esencia misma del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos” que enuncia el art. 31.1 CE al haber “alterado el modo de reparto de la carga tributaria que debe levantar la generalidad de los contribuyentes”.
El Tribunal puede entender justificada la medida por la necesidad de alcanzar la estabilidad presupuestaria , pero en ningún caso, constituye un requisito suficiente que permita regularizar la conducta de quienes han actuada de manera insolidaria, incumpliendo con el deber de tributar.
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