La reordenación de la ordenación del territorio
Si hasta ahora, en las cuatro reflexiones anteriores me he referido a cuestiones como la complejidad del urbanismo, o sobre los esenciales papeles que juegan en él los actores públicos, y privados, los profesionales, y, también, a la tremenda dificultad de elaborar un planeamiento y las necesarias reformas legislativas que han de acometerse y que acaben con la inseguridad jurídica en nuestro urbanismo, en esta quinta de las reflexiones me quiero referir a la ordenación del territorio, o lo que es lo mismo, a «la expresión espacial de la política económica, social, cultural y ecológica de cualquier sociedad», según la clásica definición de la Carta Europea de Ordenación del Territorio; “una disciplina científica, una técnica administrativa y una política, concebida como un enfoque interdisciplinario y global, cuyo objetivo es un desarrollo equilibrado de las regiones y la organización física del espacio según un concepto rector. Se trata, por tanto, de aplicar al territorio las políticas públicas sociales, culturales, económicas, ambientales, y, en general, pues, las políticas sectoriales».
El urbanismo, a su vez, podría definirse como el diseño de nuestros pueblos y ciudades, como su arquitectura, y la distribución en sus territorios de los espacios habitacionales y de las actividades económicas, ambientales, espacios y equipamientos públicos, sociales y demás usos que se desarrollan en los mismos
Como escribía recientemente en otro artículo de opinión, de estas definiciones se desprende que los límites entre ambas disciplinas son bastante difíciles de distinguir, sobre todo si tenemos en cuenta que ambas actúan sobre territorios únicos, sobre un mismo espacio físico del que, por tanto, sus límites son puramente administrativos. Podríamos decir, para tratar de establecer una distinción más comprensible, que la finalidad de la ordenación del territorio es establecer un diseño macro de un territorio -en el caso de nuestro país, regional o autonómico- para establecer un marco de obligada referencia a fin de asegurar una necesaria vertebración y equilibrio territorial y al que el diseño micro territorial, propio del urbanismo, enmarcado en la superior escala regional aludida, sirve de soporte para el diseño de nuestros pueblos y ciudades, siempre, como se ha dicho, con sujeción y referencia a ese diseño macro territorial propio de la Ordenación del Territorio.
Pues bien, hoy me referiré a la necesidad de introducir racionalidad en la ordenación del territorio para que los indudables beneficios que han de derivarse de una planificación en su escala macro territorial se puedan apreciar. Y para apoyar mi argumentación, he de referirme a un antiguo, pero, para mí, documento clave en las políticas territoriales. Me refiero a la Estrategia Territorial Europea (la ETE), Postdam, mayo de 1999. En efecto en la ETE se realiza el enfoque territorial europeo con el objetivo de alcanzar un desarrollo equilibrado y sostenible del territorio de la UE. En una de sus conclusiones se señala: “En aras de una integración europea más profunda, los Ministros consideran necesaria la colaboración en el ámbito del desarrollo territorial entre los Estados miembros y entre sus autoridades regionales y locales, que deberán en el futuro colaborar por encima de las fronteras nacionales. La ETE, constituye un documento de referencia adecuado para el fomento de esta colaboración, con pleno respeto al principio de subsidiariedad”.
A partir de este “pistoletazo de salida” territorial se sucedieron una serie de iniciativas de las que destacaría los proyectos “interreg” diseñados por la Comisión Europea para reforzar la cooperación transfronteriza, transnacional y transregional
Todas estas reuniones y conferencias, además, buscaban unos diseños territoriales que tenían como objetivo desarrollar unos sistemas de ciudades, espacios policéntricos y equilibrados, una interdependencia entre lo urbano y lo rural, la promoción de unos accesos equivalentes a las infraestructuras y al saber, un desarrollo sostenible y una protección del patrimonio natural y cultural.
Ya, en esa época, las políticas europeas, estaban pasando de las definiciones sectoriales a las territoriales, persiguiendo siempre el objetivo de una necesaria y lógica política territorial europea.
Indudablemente, a nivel europeo resulta difícil “imponer” a los países integrantes esas políticas de racionalidad territorial, como no sea por la vía económica indirecta de los fondos europeos.
Pero si esto es difícil a escala europea, ¿por qué no intentamos en nuestro país introducir esta racionalidad? Ya hace unos cuantos años escribí que las nuevas estrategias territoriales europeas requerirían la elaboración por las regiones de Planes Territoriales Regionales y que éstos estuvieran conectados con unos deseables Planes Territoriales Nacionales para eliminar duplicidades y coordinar las perspectivas de desarrollo entre regiones próximas o insertas en los mismos corredores infraestructurales. Por último, estos Planes Territoriales Nacionales tendrían que estar alineados con la Estrategia Territorial Europea como plan de desarrollo territorial de la Unión Europea. Este deseable y quizás utópico planteamiento de macro planificación territorial debería trasponerse a la planificación de nuestras comunidades autónomas, y señalaba -y hoy me ratifico totalmente en ello- que comunidades como Asturias o Cantabria deberían, con esa estrategia de planificación territorial regional, configurar grandes áreas urbanas de rango regional como activo fundamental en el proceso de integración de nuestro sistema urbano en el común territorio europeo y avanzar hacia el concepto de “CIUDAD-REGION”.
En todo caso de poco o nada valdrá el trabajar en esta línea de cohesión regional si no la engarzamos con actuaciones de cohesión territorial entre regiones y, en este sentido, sinceramente, soy poco optimista.
Las regiones o comunidades han hecho la guerra por su cuenta y amparándose en la distribución constitucional y estatutaria de competencias, y sin tener en cuenta ningún criterio de lógica racional, como podría ser el de la distancia entre ellas, o su posición estratégica en el conjunto del País, o sus habitantes o, en definitiva, sus necesidades reales, se han lanzado a una enloquecida carrera para disponer del mayor número de infraestructuras posibles.
Al no existir ese marco de referencia de escala superior, como podría ser el Plan Territorial Nacional, es muy difícil que España como país, en su conjunto, tenga una mínima lógica territorial que le haga ser competitivo con otros países o regiones de su entorno.
La conclusión es que la ordenación del territorio en nuestro país se encuentra excesivamente fragmentada y que se impone la adopción de medidas para “reordenarlo”.